Del castigo a la sanción: trayectoria en Sistema de Protección y sanción judicial para niños, niñas y adolescentes

 

Los antropólogos aprendemos de distintas formas que no hay “un” sentido común. Que las razones por las que las personas creen, opinan y actúan de una forma particular están insertas en la trayectoria personal, familiar y contextual en que se crece y se adapta al medio ambiental y social.

 

La normalización de la violencia en espacios “de diferencia”, en relación a otros contextos más “protegidos”, ha sido el tema que quiero plantear desde la perspectiva como delegada de un Programa de Libertad Asistida Especial, al cual me integré recientemente tras haber trabajado un período de cinco años en un Programa de Protección de Derechos. En lo personal, inevitable hacer balance y comparación sobre el diferente trato dado a jóvenes vulnerados, cuando éstos traspasan la frontera de la legalidad, por una parte, y cuando se cumple la mayoría de edad, los dieciocho años, por otra. Las anotaciones etnográficas que anteceden esta ponencia ocurren en la comuna de Renca, a partir de observaciones en terreno con jóvenes que cumplen sanciones por robo con intimidación.

 

Esta ponencia busca instalar, desde mi desempeño una institución colaboradora de SENAME, palabra que genera siempre múltiples significados, múltiples contenidos simbólicos, y que tiende a verse externamente como “una” gran red, asociada a el acogimiento de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, de pobreza. Este tejido es un complejo sistema de instituciones hoy fuertemente cuestionadas sin que se hagan muchas distinciones sobre la diversidad de funciones y organismos que operan en él. Más allá del algún tratamiento periodístico que exalta los datos más escabrosos de los centros cerrados o de casos emblemáticos de sujetos que no nombraré precisamente por haber sido objetos de sobre-exposición, que se dan a conocer superficialmente por medio de la televisión: los abusos sexuales al interior de hogares, por ejemplo. 

 

Independiente de las polémicas que emergen y se diluyen sobre las responsabilidades políticas, se abre la discusión, propongo que así sea, sobre el rol de la comunidad en las políticas públicas que se implementan y la tensión que existe entre los ciudadanos y la figura de “el joven delincuente” y especialmente sobre el proceso de pérdida de condición de sujeto de Derechos, muchas veces asociado a la pobreza y la marginalidad. 

 

Propongo como eje central la división, que surge junto a la ley de responsabilidad penal adolescente, entre Programas de Protección y Programas de cumplimiento de sanción. En otras palabras, me interesa la frontera, el límite preciso entre quien es sujeto de Derechos, muchas veces vulnerados, y el sujeto que pierde esos Derechos por transgredir la norma social, la ley. 

 

La pregunta sobre el rol ciudadano frente a esa paradoja queda abierta, en tanto da cuenta de la invisibilidad de niños, niñas y adolescentes vulnerables, despojados de poder históricamente, quienes reciben directamente el impacto de una sociedad desigual, fragmentada, que controla pero no contiene, que castiga pero no previene. 

 

Cuáles son los Derechos humanos que se respetan y/o se transgreden para los menores de edad, en medios libres y cerrados, es la pregunta que se manifiesta a modo de invitación para un debate académico y ciudadano, no con el fin de demonizar instituciones sino centrado en la responsabilidad de cada cual en torno a este tema.

 

Autores: Francisca Urrutia

 

PALABRAS CLAVES:

 

Corresponde al Simposio: Memoria, Derechos Humanos y Pensamiento Crítico, a 40 años Del Golpe de Estado en Chile